PUBLICADA EN PORTAL DE COOPERATIVA.CL
Al cumplirse dos años desde la presentación del proyecto de ley sobre interrupción del embarazo en tres causales, el Senado ha aprobado por mayoría legislar en la materia. 20 senadores/as apoyaron con contundentes argumentos centrados en el derecho a decidir de las mujeres y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la idea de legislar a tan trascendental iniciativa; 15 votaron en contra y dos senadores DC se abstuvieron.
La gran mayoría de senadores oficialistas ha honrado el compromiso asumido por la coalición Nueva Mayoría con las mujeres y niñas de Chile, apoyando que el proyecto continúe su tramitación legislativa. Sin embargo, preocupa que varios de ellos (los senadores DC Patricio Walker, Manuel Antonio Matta y Andrés Zaldívar) se marginaran del Programa de Gobierno y el compromiso con la protección de los derechos de las mujeres.
No obstante, la preocupación mayor que a lo largo de toda la discusión han sostenido organizaciones de mujeres, feministas, de derechos humanos y numerosas/os académicos y expertas/os, radica en las resistencias que parlamentarios plantean frente a la causal violación sexual, la insuficiencia de los contenidos del proyecto y que en importantes aspectos no se observen los estándares internacionales sobre salud y derechos humanos. De ahí la importancia del debate en particular que tendrá lugar a partir de marzo.
Resulta crucial reconocer la violencia sexual como una de las manifestaciones más graves de la violencia contra las mujeres y las niñas. Frente a ella el Estado ha asumido obligaciones específicas de prevención, investigación y sanción como asimismo de protección y de reparación a las víctimas. Es incompatible con estas obligaciones que el Estado obligue a niñas, adolescentes y mujeres a llevar a término un embarazo producto de la violencia sexual, bajo la amenaza del castigo penal.
Repugna al más elemental sentido de justicia que una mujer, una joven o una niña violentada sea luego compelida por el poder punitivo que el Estado detenta a llevar adelante un embarazo resultante de dicha violencia, privándola de la posibilidad de decidir al respecto. A la violencia sufrida por la víctima de la violencia sexual, de por sí traumática y posiblemente una de las experiencias más intensas de vulneración que pueda sufrir un ser humano, se agrega la violencia infringida por el Estado que importa la imposición forzada del embarazo y la maternidad.
En lugar de agravar el sufrimiento de estas mujeres y niñas, al Estado corresponde ofrecer alternativas, opciones de atención integral, acompañamiento y reparación, pero también reconocer el derecho de decidir libremente si continuar adelante con el embarazo o interrumpirlo, y garantizar su atención de salud.
Por ello se espera que senadores y senadoras, en cumplimiento a su mandato de representar a la ciudadanía y garantizar los derechos humanos, legislen de cara a las mujeres y niñas, respetando su derecho a decidir y protegerse frente a la violencia.
Además, es necesario corregir el proyecto en debate puesto que los plazos que se plantean en la causal violación son insuficientes, particularmente para las adolescentes (12 semanas) y las niñas (14 semanas).
Destacadas expertas que acudieron a las comisiones de trabajo legislativo ante la Cámara de Diputados y el Senado, advirtieron, en base a evidencias y estudios nacionales e internacionales, que dicho período no permite a las niñas y jóvenes acceder a la atención de salud que requieren para protegerse de la violencia sexual, especialmente cuando esta es crónica, como en la inmensa mayoría de los casos. De modo que en su actual redacción, el proyecto no contribuye significativamente a asegurar sus derechos.
Igualmente debe reponerse la primacía de la confidencialidad de la atención médica que organismos internacionales exigen, pues a los equipos de salud les corresponde velar por sus pacientes y no denunciarlas. Resguardar la objeción de conciencia como una facultad individual de los/as médicos/as, pero asegurando que ella no obstaculice ni retrase la atención de salud de las mujeres.
Debe suprimirse la norma que prohíbe a los establecimientos de salud entregar información sobre los servicios y prestaciones que las mujeres requieren, barrera inaceptable que algunos diputados impusieron durante la discusión.
A las niñas debe brindárseles especial protección, permitiendo que cuando sus representantes legales se oponen a su decisión de interrumpir el embarazo, puedan acudir a un tribunal de justicia que cautele sus derechos e interés superior. Y a las mujeres mayores de 18 años, debe respetarse su decisión de denunciar o no la violencia sexual que han sufrido, asegurando su acceso oportuno a la atención de salud.
A partir de marzo al Senado corresponde la discusión particular del proyecto y legislar para proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Chilenas y chilenos que apoyamos esta iniciativa, más del 70% de la ciudadanía según indican las encuestas de opinión, seguiremos con atención el debate y conforme a ello definiremos por quien votar en las elecciones parlamentarias de este año.
